El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) publicó la relación de correos electrónicos que serán utilizados para recibir escritos en las diferentes Salas de la Corte Suprema de Justicia.

Así, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema tendrá asignado este correo: SCP_CSuprema@pj.gob.pe, siendo la persona responsable de su administración la jefa de Mesa de Partes, Doris Castillón Gallardo.

En el caso de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, el correo es: mp_sct_ard@pj.gob.pe, siendo la persona responsable de su administración la secretaria de confianza Ana del Rosario Osorio Sosa, en coordinación con el Relator de Sala.

Así lo establece el “Protocolo de uso de las cuentas de correo electrónico institucional para la recepción de escritos en las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia, durante el periodo de emergencia sanitaria”, aprobado mediante la Resolución Administrativa N° 068-2020-CE-PJ, publicada el jueves 18 de junio de 2020 en el diario oficial El Peruano.
Dicha norma precisa que el uso de esta herramienta tecnológica será transitorio y mientras no esté implementada la Mesa de Partes Electrónica en la máxima instancia judicial. Con esto, se busca ofrecer condiciones para el trabajo a distancia de los jueces y auxiliares jurisdiccionales, así como de los abogados y de las partes en los procesos que se tramitan ante las referidas salas supremas.

El protocolo precisa que los correos electrónicos institucionales de las salas de la Corte Suprema son solo un canal de acceso hacia estos órganos jurisdiccionales para que únicamente los abogados presenten escritos con su respectivo nombre, colegiatura y firma gráfica, acompañando a las partes o terceros legitimados con sus correspondientes firmas gráficas.

Dichos escritos se deben remitir debidamente escaneados (PDF). Se señala, además, que las partes procesales pueden formular pedidos y solicitar informes respecto, de manera exclusiva, a la marcha de sus procesos.

Asimismo, advierte que el mal uso o uso indebido de esta vía habilita al órgano jurisdiccional para bloquear el correo de origen, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan.

Cabe indicar que la Corte Suprema está conformada por dos salas penales (una permanente y otra transitoria), dos salas civiles (una permanente y otra transitoria) y cuatro de Derecho Constitucional y Social (una permanente y tres transitorias). Además, existe la Sala Penal Especial y el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, este último con funciones también de Vocalía Suprema de Instrucción

Durante los primeros catorce (14) días de reactivación de las actividades, los jueces deberán, entre otras labores, identificar y listar los expedientes judiciales que estén expeditos para sentenciar, pasibles de ser retirados a su domicilio.

Asimismo, deberán desarrollar los planes o medidas a adoptar para la descarga procesal, plan de turnos y control de asistencia de personal, y el plan de ubicación del personal a su cargo.

Así lo establece el Plan de actividades para la operatividad y reactivación de la prestación del servicio de administración de justicia en los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Lima, aprobado el 16 de junio mediante la Resolución Administrativa N° 000201-2020-P-CSJLI-PJ, la cual ha sido publicada en la edición del martes 23 de junio del diario oficial El Peruano.

Asimismo, respecto de las audiencias con programación próxima, los jueces deberán identificar los expedientes (sean de EJE o físicos) a programar. Igualmente, deberán reprogramar las audiencias frustradas desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020, en orden de antigüedad o según casos excepcionales, según criterio del juez. Para dicha reprogramación se podrán habilitar los sábados.

Otro punto relevante de este plan de actividades es que los expedientes de la especialidad de Familia se deberán priorizar en el siguiente orden: i) alimentos, ii) tutelares en trámite, y iii) menores infractores en trámite en los que se hubiera dictado medida preventiva de internamiento.

Se ha autorizado el uso del código QR en las esquelas de liquidación de títulos a nivel nacional correspondientes a los registros de Propiedad Inmueble, Personas Jurídicas, Personas Naturales y Bienes Muebles, cuya presentación se haya realizado de manera presencial o electrónica, para el pago de los derechos, mediante la billetera electrónica, en el procedimiento de inscripción registral.

Asimismo, se precisa que el uso del código QR en las esquelas de liquidación de títulos, constituye un medio alternativo de pago a los establecidos y vigentes a la fecha en el marco del procedimiento de inscripción registral.

Así lo establece la Resolución N° 078-2020-SUNARP/SN, publicada el lunes 22 de junio de 2020 en el diario oficial El Peruano.

En los considerandos de la resolución se establece que las operaciones realizadas con el dinero electrónico a través de la “billetera móvil”, también conocido como BIM, se caracterizan por la utilización del código QR, el cual se ha convertido en un sistema de pago de respuesta rápida, pues agiliza las transacciones en comercios y bancos; y busca que el ciudadano realice las transacciones sin trasladarse al establecimiento que presta el servicio o transfiere el bien.

Se refiere, además, que el incremento del número de usuarios que realiza sus pagos a través de la “billetera móvil”, demuestra la participación del ciudadano en los procesos digitales, no requiriéndose necesariamente de la afiliación de una cuenta o la emisión de una tarjeta, por parte de una entidad del sistema financiero.

Por ello, atendiendo las consideraciones antes aludidas, así como a la evaluación técnica, Sunarp consideró oportuno y necesario –dada la actual situación social– disponer la utilización de los códigos QR en las esquelas de liquidación de títulos presentados a nivel nacional, a fin que constituya un medio de pago alternativo en el procedimiento de inscripción registral en los Registros de Propiedad Inmueble, Personas Jurídicas, Personas Naturales y Bienes Muebles.

Por último, se detalla que estas disposiciones entraron en vigencia desde el 24 de junio de 2020.